Por una verdadera justicia en Bolivia

(APC Bolivia). Todas y todos los bolivianos, sin excepción y en mayor o menor medida, coincidimos que la justicia en nuestro país está terriblemente mal. Es ineficiente, es corrupta, no es independiente, ha estado al servicio del dinero y el poder político. En otras palabras nuestra justicia no es justa.

Las y los bolivianos que vivimos durante los regímenes militares de facto y los últimos gobiernos neoliberales del siglo XX e inicios del nuevo milenio, sabemos que el sistema de justicia boliviano, siempre estuvo en crisis y funcionando igual o hasta peor que la justicia actual.

Demanda de Cambios

 Debemos recordar que desde finales del siglo XX, una demanda histórica de los sectores sociales fue transformar radicalmente la justicia, por un nuevo sistema que elimine sus taras, que funcione con nuevos principios y valores mas acordes a la realidad del país y del proceso de cambio, que administre justicia con imparcialidad y con igualdad.

El proceso de la Asamblea Constituyente, llevado adelante gracias a la lucha de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos, posibilitó el nacimiento de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con una nueva Constitución que refundó Bolivia con nuevos pilares como la “Plurinacionalidad”, la “Descolonización”, el “Vivir Bien” y reconocimiento mas pleno de los derechos, tanto individuales como colectivos.

Este nuevo escenario también estableció cambios en adelante para la justicia, como:

• Otorgándole el carácter plural, que establece una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción indígena originario campesina, otorgándoles igual jerarquía.
• Se crea el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como por los tribunales y Juzgados de Garantías Constitucionales, para ejercer la justicia constitucional
• Se establece la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular.

A lo largo de los años posteriores a la aprobación de la nueva constitución, la evaluación de su implementación no es de las mejores. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero no en la medida de las demandas históricas planteadas en la Asamblea Constituyente, así por ejemplo la jurisdicción indígena originaria campesina quedó reducida a una mínima expresión.

Conflicto por el Tribunal Plurinacional Constitucional

Recordemos que, según el articulo 96 de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.

También el artículo 31 (ATRIBUCIONES DE SALAS). Dice: Todas las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional conocerán y resolverán, en revisión, las Acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, Popular ? y de Cumplimiento.

 Dada la importancia de sus atribuciones es muy necesario que el Tribunal tenga, no solo el respaldo, sino sobre todo, la confianza institucional y del pueblo boliviano en general para su buen funcionamiento; aspecto que se logró con el proceso eleccionario que permitió el nombramiento a sus actuales miembros, años atrás.

Sin embargo, en diciembre de 2023, mes en el que terminaba su mandato, los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se auto prorrogaron; justificando el evitar un «vacío de poder», debido a que el proceso de realización de los comicios judiciales no prosperó por diferentes motivos, lo que es materia para otro análisis.

Todo el mes de enero se generaron tensiones entre los diferentes sectores, por la legalidad o la ilegalidad de la situación, llegando incluso a movilizaciones y bloqueos, hasta que se logró un acuerdo político que, esperemos, permita retomar el proceso de elección del nuevo Tribunal.

El 6 de febrero del presente año, por unanimidad, la Cámara Alta del Estado Plurinacional, presidida por el senador Andrónico Rodríguez, aprobó las modificaciones al Proyecto de Ley (PL) 144 «Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024», sancionó la norma y remitió al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Posteriormente el presidente Luís Arce la promulgo en un acto en la Casa Grande del Pueblo.

Tras estos hechos es fundamental asegurar que la ley 144 se cumpla a medida, para seguir avanzado a fin de que un día cercano en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia tengamos una justicia plena y justa de la que sentirnos orgullosos y orgullosas.