K’ara K’ara o la cara del estigma
POR YURI F. TÓRREZ►
Esta zona, por lo tanto, no es solamente endeble a la basura, sino a los estigmas raciales. O sea, se convirtió en un chivo expiatorio para el gobierno de Jeanine Áñez.
Al amanecer frío del pasado sábado, helicópteros y aviones militares sobrevolaron en actitud amenazante sobre K’ara K’ara, al sur de Cochabamba, donde está ubicado el botadero municipal. Parecían aves de rapiña en búsqueda de su carroña, actitud similar a lo ocurrido el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, momentos antes de la masacre de campesinos. Esta vez, en K’ara K’ara no fue una masacre, pero sí una represión atroz: gasificaron las casas de los pobladores. En medio de la pandemia, para las autoridades del Gobierno transitorio, K’ara K’ara se erigió en uno de los principales blancos de su campaña de criminalización de la protesta popular.
Desde siempre, K’ara K’ara fue un escenario conflictivo recurrente por la presencia del botadero y gracias al crecimiento demográfico quedó inservible por la basura generada en la ciudad. Pero, esta zona de emigrantes andinos también es un lugar pobre donde viven los más vulnerables de la ciudad (43% de los niños padecen de anemia y las niñas de entre 5 y 12 años padecen de desnutrición crónica), que cohabitan con una basura inmunda.
Esta zona, por lo tanto, no es solamente endeble a la basura, sino a los estigmas raciales. O sea, se convirtió en un chivo expiatorio para el gobierno de Jeanine Áñez. De allí, ese juego discursivo perverso: lo sanitario y lo racial combinados funciona para la estigmatización.
Desde el anterior conflicto en mayo, cuando se impidió el ingreso de carros basureros al botadero, surgieron voces y plumas agraviando racialmente a los pobladores y criminalizando la protesta social en K’ara K’ara. Hoy que se reavivó el conflicto –amén al apresamiento de algunos dirigentes de la zona con el so pretexto que habían provocado terrorismo y atentado a la salud pública en el anterior conflicto–, nuevamente aparecieron en las redes sociales y en algunos medios periodísticos esas sentencias segregacionistas, inclusive de algunos académicos, hacia los movilizados.
Esa visión estigmatizadora sobre los pobladores de K’ara K’ara, considerados como “calamidades sanitarias” o “cuerpos peligrosos” para la salud de los cochabambinos, posibilitó al gobierno de Áñez, a través del ministro Arturo Murillo, activar sus dispositivos policiales/militares y parapoliciales, en nombre de la “higiene y la salud pública”, tildando a los vecinos de K’ara K’ara como “criminales”, “sediciosos” y causantes de los focos de infección sanitaria en la ciudad por la acumulación de la basura. Así se ejerce una violencia simbólica y, a la vez, una violencia física, traducida en una persecución atroz contra los dirigentes, una represión recurrente e inclusive amenazándolos por parte de sus grupos parapoliciales de impedir el paso de los carros aguateros a K’ara K’ara.
Mientras hay miles de bolivianos, contagiados del COVID-19, muriéndose por falta de una adecuada administración sanitaria y varios de ellos velándose en las calles, el Gobierno usa la pandemia para la persecución política obsesiva, poniendo en riesgo no solo la salud pública, sino la salud psíquica de los bolivianos. Y, lo peor, con el aplauso de algunos sectores urbanos acomodados.
No debemos olvidar, los imaginarios raciales fueron cruciales para la movilización de los sectores urbanos en octubre y noviembre pasados, para derivar, luego, en el golpe de Estado. Entonces, el gobierno de Áñez quiere activar, una vez más, esos imaginarios con el propósito político de sembrar terror no solo en Cochabamba, sino en toda Bolivia para convulsionar el país y así tener, junto a la pandemia, otro pretexto para evitar las elecciones del 6 de septiembre.
*Es sociólogo
